Gestion Macri: destruccion del patrimonio urbano

31 mayo 2011


La Ley 3056, prorrogada por la Legislatura porteña hasta 2012, estipula que todos los edificios construidos con anterioridad al 31 de Diciembre de 1941 deben ser evaluados como patrimonio histórico y cultural previamente a ser refaccionados o demolidos. No obstante, desde 2008 sólo se han revisado 7640 (el 5%), de los cuáles 2037 se catalogaron preventivamente. Se desestimaron 5520 (el 72% de las evaluadas) y 83 sencillamente no pudieron evaluarse porque fueron demolidas ilegalmente: 70 en 2010 y 13 este año.
El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP)es el organismo encargado de catalogar el patrimonio ciudadano, responde a la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano de la ciudad y debe examinar todos los pedidos de aviso de obra o intención de demoler un edificio anterior a 1941. Su autorización es vinculante: si decide que el inmueble es patrimonio de la Ciudad, lo eleva a la Legislatura, que debe aprobarlo. En cambio, si lo desestima, automáticamente puede empezar la demolición. Pero además, hay un plazo previsto para examinar cada caso, de sólo 45 días desde que ingresa el expediente. Si el caso no se examina, se considera desestimado y también arrancan las retroexcavadoras.

Al CAAP lo componen cuatro instituciones fijas (el Ministerio de Cultura, la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad y dos comisiones de la Legislatura) y otras siete invitadas, con voz y voto, de las cuales tres no envían a sus representantes; y una cuarta, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), se retiró con duras críticas. En el comunicado de renuncia, los arquitectos Margarita Charriere y Carlos F. del Franco hablan de la falta de un reglamento “que refiera cómo ha de funcionar” la CAAP. Afirman que “no se han labrado actas de las reuniones”, hablan de una “total falta de pautas y criterios evaluadores” y concluyen que lo discutieron con funcionarios del Ejecutivo porteño “sin que ninguna medida se haya tomado al respecto”. El organismo carece de sede propia y de presupuesto ya que, si bien tiene asignada una partida de 1,8 millones de pesos, que trasladan al Ministerio de Cultura, el ministro Lombardi la congela. Así el ministerio de Cultura de la gestión Macri se ha desentendido del tema, dejando al patrimonio de la Ciudad a merced del lobby de la construcción.





Edificio de la Unione Operai, en Sarmiento al 1300, catalogado como patrimonio de la ciudad pero en peligro de ser demolido. La inmobiliaria Latella lo publicita como “Edificio histórico destruido por derrumbe” a pesar que la legislación no habilita su demolición en virtud del supuesto estado derruido.



Es constante la demolición de edificios que por ley deberían catalogarse como patrimonio histórico y/ o cultural de la ciudad, pero que jamás llegan siquiera a considerarse como tales, tanto por acción directa de sus propietarios que proceden directamente a demolerlos, violande la ley mencionda sin sufrir consecuencias; como por la desidia del gobierno de Macri. Desidia que sintoniza con los intereses del lobby de la construcción en detrimento del patrimonio de los porteños



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